El Tesoro pagará con bonos hasta $221.119 millones de deudas con constructoras: el 10,7% de lo que la Nación gastó en capital de enero a agosto

El Boletín Oficial de este martes publica la Resolución Conjunta 59/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía. Autoriza a ampliar la emisión de tres títulos del Tesoro por hasta $221.119.509.519 de valor efectivo, con un solo destino: pagarles a las empresas contratistas de obra pública lo que el Estado nacional les debe.

El monto no es nuevo: es exactamente el tope que había fijado en julio la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, que creó el "Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública". Ese régimen alcanza a los certificados de obra, el acopio de materiales y las redeterminaciones de precios del período que va del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 en contratos de las secretarías de Obras Públicas y de Transporte, y a lo pendiente de contratos que se terminaron desde 2024. Las empresas tuvieron diez días hábiles para pedir entrar, por Trámites a Distancia. Esa resolución ya decía con qué títulos se iba a pagar; lo que faltaba era la autorización para emitirlos, que es la de hoy.

El pago no es en efectivo. Cada constructora que adhiere recibe una canasta fija: 33% en una Letra del Tesoro capitalizable que vence el 30 de octubre de 2026, 33% en un bono capitalizable que vence el 15 de enero de 2027 y 34% en otro que vence el 30 de abril de 2027. Los títulos se entregan a su valor técnico, es decir, con los intereses que acumularon hasta el día hábil anterior a la entrega.

¿Cuánto es $221.119 millones para las cuentas de la Nación? El Ministerio de Economía publica cada mes el resultado fiscal del Sector Público Nacional en base caja. Entre enero y agosto de 2026, el gasto de capital (obras, equipamiento y transferencias a provincias y empresas para inversión) sumó $2.072.956 millones. La deuda que ahora se paga con bonos equivale al 10,7% de esa cifra. Si se toma solo la inversión real directa, las obras y el equipamiento que paga el propio Estado nacional, sin contar lo que transfiere a provincias y empresas ($1.534.235 millones en esos ocho meses), equivale al 14,4%.

Mes por mes. El gasto de capital promedió $259.120 millones por mes entre enero y agosto. El tope del pago con bonos equivale al 85% de un mes promedio y al 54,7% de agosto, el segundo mes de mayor gasto de capital del año ($403.966 millones, después de abril). En los ocho meses, el gasto de capital fue 30,0% más alto en pesos que en el mismo período de 2025, cuando sumó $1.594.282 millones.

Valor nominal y valor efectivo. La resolución fija, además, un máximo de valor nominal para cada título: $60.000 millones para la letra de octubre, $51.000 millones para el bono de enero y $60.000 millones para el de abril, $171.000 millones en total. Es menos que los $221.119 millones porque son títulos capitalizables, que ya vienen sumando intereses: cada peso de valor nominal vale hoy más de un peso.

Una parte de la obra pública certificada entre 2022 y 2025 quedó impaga, y el régimen de julio es la forma de cerrar esa deuda: el Estado reconoce los certificados, la redeterminación de precios y los intereses por mora que correspondan según cada contrato, y a cambio la constructora desiste de todos sus reclamos administrativos y judiciales y renuncia a cualquier otro crédito vinculado con ese contrato.

Pagar con títulos en lugar de efectivo cambia cuándo sale la plata. El Tesoro no desembolsa pesos al entregarlos: los paga cuando vencen, un tercio a fin de este mes y el resto entre enero y abril de 2027. Son ampliaciones de títulos que el Tesoro ya había emitido; la constructora que necesite los pesos antes tiene que venderlos, al precio que le pague el mercado ese día. Cómo se registra la operación en las cuentas fiscales fue discutido: El Economista publicó que, al cancelarse con deuda, el pago queda fuera del resultado primario en base caja.