El Gobierno le puso precio a la ciudadanía argentina: US$350.000 de aporte no reembolsable, aunque el decreto que la habilita fue declarado nulo por la Cámara Electoral y espera a la Corte

El 2 de octubre, en la Argentina Week de París, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión. Según el comunicado del Ministerio de Economía, el solicitante principal tendrá dos caminos: "realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000" o "suscribir un título público de USD 800.000".

La familia se suma con montos aparte. El cónyuge y los hijos de 18 a 25 años, solteros y sin hijos, aportan US$100.000 cada uno; los menores de 18, US$25.000. El propio comunicado hace la cuenta para un grupo tipo, solicitante, cónyuge y dos hijos menores: US$500.000 en total. El programa, dice, "estará operativo para recibir solicitudes en el transcurso del cuarto trimestre de 2026". Las solicitudes las evalúa la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con controles de la SIDE, la UIF, los ministerios de Seguridad e Interior y la Dirección Nacional de Migraciones.

Esta semana el tema volvió a las portadas por dos lados. Infobae publicó el 7 de octubre las dudas de especialistas sobre el plan, y ese mismo día informó que la Corte Suprema tiene a estudio el expediente en el que la Cámara Nacional Electoral declaró nulo el decreto que creó esta vía de acceso a la ciudadanía.

Cuánto es, en pesos. Con el dólar de referencia del Banco Central del 2 de octubre (Comunicación A 3500: $1.520), los US$350.000 son $532 millones. El salario promedio de los trabajadores registrados estables (RIPTE) fue de $1.946.028 en julio de 2026, el último mes publicado: el aporte equivale a 273 sueldos de ese trabajador, unos 21 años de trabajo contando el aguinaldo. La opción del título público, US$800.000, son $1.216 millones, 625 sueldos.

Lo que cambió desde 2025. Cuando se firmó el decreto que abrió esta vía, el 29 de mayo de 2025, el Gobierno la presentó así: "Se incorpora la ciudadanía para aquellos que inviertan en proyectos de más de US$500.000". El anuncio de octubre de 2026 cambia dos cosas. La cifra de entrada baja a US$350.000. Y ya no es una inversión en un proyecto, que el inversor conserva, sino un aporte al Tesoro que no se devuelve; la alternativa que se parece a una inversión, el título público, cuesta US$800.000, 2,3 veces más. Los US$500.000 de 2025 quedan ahora como el total de una familia de cuatro.

Lo que todavía no existe. El decreto de 2025 no fijó ningún monto: le encargó al Ministerio de Economía establecer "qué inversiones serán consideradas relevantes". El Decreto 524/2025, que reglamentó el procedimiento en julio de 2025, tampoco tiene cifras en dólares. Al 7 de octubre de 2026 los US$350.000, los US$800.000 y los montos por familiar están en el comunicado oficial: no encontramos una resolución del Boletín Oficial que los fije, y la nota de Infobae de ese día tampoco cita ninguna. Infobae informó que las solicitudes todavía no se reciben.

Lo que dijo la Justicia. La vía de inversión es una de las reformas del DNU 366/2025: su artículo 37 agregó a la Ley de Ciudadanía (Ley 346) a "los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país", y su artículo 38 le dio al Ministerio de Economía la facultad de definirla. El 30 de junio de 2026, en la causa de un comerciante chino que pedía la carta de ciudadanía ("Yang, Liping s/ nacionalidad y ciudadanía"), la Cámara Nacional Electoral, con los votos de Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, declaró la nulidad de ese decreto. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tribunal consideró que el DNU tiene "real incidencia en materia electoral" porque afecta la adquisición de derechos políticos, y la materia electoral es una de las que la Constitución (art. 99, inc. 3) excluye de los decretos de necesidad y urgencia. El Ministerio de Seguridad Nacional y Migraciones recurrieron; la Cámara concedió el recurso extraordinario el 24 de septiembre y el expediente está a estudio de la Corte Suprema, según Infobae.

Hasta ahora la ciudadanía argentina no tenía precio: la Ley de Ciudadanía la da por naturalización con dos años de residencia. El programa le pone uno, y lo cobra el Tesoro. Es un ingreso que no viene de impuestos ni de deuda, pero cuyo monto todavía no está escrito en una norma, y cuya base legal tiene una sentencia en contra que la Corte Suprema va a revisar. Si la Corte compartiera el criterio de la Cámara, que esta materia no se puede regular por decreto, la vía de inversión quedaría sin la norma que la creó.

La otra mitad de la discusión es qué se compra. El comunicado promete controles de identidad, antecedentes, origen de fondos y riesgo de cada solicitante, y que la plata entre por el sistema financiero formal. No detalla cómo ni con qué plazos.