La Argentina pagará US$234.000 por la muerte de Cristina Brítez Arce en la Maternidad Sardá, dos años y nueve meses después del plazo de la Corte Interamericana
Un decreto publicado el 26 de octubre ordena pagar los US$234.000 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó en noviembre de 2022 por la muerte de Cristina Brítez Arce, en 1992, en la Maternidad Sardá. Llega tarde: el plazo para pagar venció el 19 de enero de 2024. Entre la notificación de la sentencia y el decreto pasaron 45 meses; en los otros tres pagos de este tipo que encontramos en el Boletín Oficial desde 2023 pasaron entre 16 y 21.
El Gobierno dispuso pagar US$234.000 para cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Cristina Brítez Arce. Lo hizo con el Decreto 1255/2026, firmado el 23 de octubre y publicado este lunes 26 en el Boletín Oficial. El gasto sale de la Jurisdicción 91, "Obligaciones a cargo del Tesoro", del Presupuesto 2026.
Cristina Brítez Arce tenía 38 años y más de 40 semanas de embarazo cuando murió, el 1 de junio de 1992, en el Hospital Público "Ramón Sardá" de la ciudad de Buenos Aires, la Maternidad Sardá. Según el resumen oficial de la Corte, durante el embarazo tuvo factores de riesgo que el sistema de salud no atendió de forma adecuada. Sus hijos tenían entonces 15 y 12 años.
La Argentina reconoció su responsabilidad internacional en el proceso. El 16 de noviembre de 2022 la Corte dictó la sentencia y fijó los montos a pagar. Según el mismo resumen oficial, la Corte concluyó que Cristina Brítez Arce "fue sometida a violencia obstétrica", que el tribunal describe como una forma de violencia basada en género.
La sentencia se notificó el 18 de enero de 2023 y le dio al Estado un año para pagar. En abril de 2024 la Corte constató que el plazo había vencido el 19 de enero de 2024 sin el pago y le pidió a la Argentina que cumpliera "a la mayor brevedad posible". El decreto llega dos años y nueve meses después de ese vencimiento. Para saber si esa demora es habitual hay que mirar qué se paga y cómo se pagaron otras condenas.
Primero, qué se paga. La Corte repartió los US$234.000 en seis rubros y los fijó todos "en equidad", es decir, por criterio del tribunal; para el daño material y las costas anotó que no tenía pruebas de los montos. El más grande es el daño material, US$64.000, por los ingresos que Cristina Brítez Arce habría ganado durante su vida probable.
Seis rubros de la sentencia, en dólares
Montos fijados por la Corte Interamericana en los párrafos 104, 124, 125 y 130 de la sentencia y repetidos en el Decreto 1255/2026.
Sumados, los hijos reciben US$214.000, US$107.000 cada uno, y el representante de la familia, US$20.000.
La sentencia también fija cómo se paga: en dólares o, si no es posible, en pesos "utilizando para el cálculo respectivo la tasa más alta y más beneficiosa para las personas beneficiarias", y "sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales". Como referencia, al dólar mayorista oficial del 23 de octubre, $1.528,263, el total equivale a unos $357,6 millones.
Después, cuánto tardó. Para medir la demora buscamos otros decretos que ordenaran pagar sentencias de la Corte Interamericana contra la Argentina. Encontramos tres desde 2023, todos con el mismo formato y la misma imputación a la Jurisdicción 91. En los tres, entre la notificación de la sentencia y el decreto pasaron entre 16 y 21 meses. En el caso Brítez Arce pasaron 45.
Meses entre la notificación de la sentencia y el decreto de pago
La línea marca el plazo de un año que la Corte dio en los cuatro casos.
El monto no explica la diferencia. El pago más grande de los cuatro, los US$861.860,98 del caso Familia Julien Grisonas, se ordenó en 16 meses.
El propio Estado informó que el pago estaba en trámite. En sus informes a la Corte del 7 de diciembre de 2023 y del 5 de abril de 2024, el Estado dijo que se encontraba "tramitando el proyecto de decreto" del pago, según la resolución de supervisión de la Corte de abril de 2024. En la ficha de reparaciones pendientes que publica la Secretaría de la Corte, los tres pagos del caso siguen figurando como pendientes de cumplimiento.
△ La cocina del dato
El camino de verificación: dos fuentes independientes que coinciden. La cifra ancla, US$234.000, figura en dos documentos de dos instituciones distintas: la sentencia de la Corte Interamericana del 16/11/2022 (Serie C No. 474), que fija los montos, y el Decreto 1255/2026 del Poder Ejecutivo, que ordena pagarlos. La sentencia no trae el total escrito en un solo número: lo recalculamos sumando los seis rubros de los párrafos 104 (2 × US$5.000), 124 (US$64.000), 125 (US$60.000 y 2 × US$25.000) y 130 (US$20.000 y 2 × US$15.000). Da US$234.000, igual que el total del decreto.
Las fechas. La notificación del 18/01/2023 está en el decreto y en la resolución de supervisión de la Corte del 30/04/2024, que además dice que el plazo de un año "venció el 19 de enero de 2024". El decreto está firmado el 23/10/2026 y publicado el 26/10/2026. Para los otros tres casos usamos la fecha de notificación que cita cada decreto y su fecha de firma.
La comparación tiene un límite. Son los tres decretos de pago de sentencias de la Corte Interamericana que encontramos en el Boletín Oficial desde 2023, no un registro completo: puede haber otros pagos hechos por otra vía. Por eso no decimos que este sea el pago más demorado de la historia, solo que tardó más que esos tres.
Qué no afirmamos. El decreto ordena pagar US$234.000 y no menciona intereses. La sentencia dice en su párrafo 136 que si el Estado incurre en mora "deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio", y la Corte se lo recordó en 2024. No sabemos si esos intereses se pagarán por otra vía, ni la fecha en que el dinero llegue a los beneficiarios: el decreto ordena el pago, no lo acredita. El equivalente en pesos es solo una referencia; el que corresponda dependerá del día y del tipo de cambio del pago.
Las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para la Argentina, que aceptó su competencia por la Ley 23.054 de 1984, y no se pueden apelar. Cuando el Estado reconoce su responsabilidad, como en este caso, el pago es la parte de la reparación que se puede medir con un número y una fecha.
En este caso la cuenta es simple: la familia esperó 30 años a la sentencia y después casi cuatro años más al decreto de pago. Ese pago sale del Tesoro, es decir, de los impuestos de todos, y la sentencia prevé que la demora tenga un costo propio: los intereses del párrafo 136. El decreto no los menciona, y queda abierto si se pagarán por otra vía.
△ ¿Cómo te afecta?
Si pagás impuestos, estas condenas se pagan con fondos del Tesoro nacional. En este caso son US$234.000; el mismo procedimiento se usó para pagar US$861.860,98 en 2023 por el caso Familia Julien Grisonas.
Si estás embarazada o vas a tener un hijo, la Ley 25.929 de parto respetado enumera tus derechos durante el embarazo, el parto y el posparto. La Corte le ordenó al Estado una campaña para difundirlos, que según la Corte está cumplida en parte.
La tabla de los cuatro decretos
| Caso | Monto | Notificación | Decreto (firma) | Días |
|---|---|---|---|---|
| Familia Julien Grisonas | US$861.860,98 | 21/12/2021 | 239/2023 (27/04/2023) | 492 |
| Boleso | US$12.000 | 11/08/2023 | 337/2025 (19/05/2025) | 647 |
| Álvarez | US$11.000 | 07/11/2023 | 577/2025 (12/08/2025) | 644 |
| Brítez Arce | US$234.000 | 18/01/2023 | 1255/2026 (23/10/2026) | 1.374 |
Qué más ordenó la Corte en el caso Brítez Arce
Además de los pagos, la sentencia ordenó publicar el fallo y su resumen, que la Corte dio por cumplido, y diseñar una campaña de difusión sobre los derechos durante el embarazo, el parto y el posparto y sobre las situaciones que pueden configurar violencia obstétrica. En abril de 2024 la Corte consideró esa campaña cumplida en parte: faltaba que el Estado informara su difusión en radio, televisión y en las maternidades de la Ciudad de Buenos Aires.