IMPSA vende todo en la Argentina, pero el 92,6% de lo que tiene por cobrar está en Venezuela: US$137,7 millones que su auditor no puede decir cuándo cobrará

El último balance de IMPSA muestra dos mapas que no coinciden: lo que vende sale todo de la Argentina, y casi todo lo que tiene por cobrar está en Venezuela. La empresa de Godoy Cruz que fabrica turbinas para centrales hidroeléctricas presentó el 6 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) sus estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2026. En nueve meses facturó $37.368 millones y perdió $48.049 millones: una pérdida neta más grande que todo lo que vendió. Su directorio la había anticipado un día antes, en una nota de adelanto de resultados.

Es el segundo balance de nueve meses desde que la empresa dejó de ser del Estado. Hasta febrero de 2025, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) tenía el 63,72% de las acciones y la provincia de Mendoza, el 21,24%. Ese mes, según el anuncio del Gobierno nacional, firmaron el contrato de transferencia con Industrial Acquisitions Fund (IAF), un fondo de Estados Unidos que fue el único oferente de la licitación y se comprometió a capitalizar la empresa con US$27 millones.

Según el balance, IAF terminó de integrarlos en julio de 2026, y desde entonces sumó $4.320 millones como aporte irrevocable a cuenta de futuras acciones. Hoy IAF tiene el 98,94% del capital.

Lo que el nuevo dueño tiene entre manos se ve en dos líneas del balance. La primera: una empresa que ya casi no vive de lo que la hizo conocida. La segunda: su crédito más grande no está en la Argentina sino en Venezuela, donde quedaron paradas las obras de las centrales Tocoma y Macagua y donde el cliente estatal paga con atraso desde 2013.

Lo que debe Venezuela, en tres partes. La nota 4 del balance desarma la cuenta con CORPOELEC, la empresa estatal que maneja la electricidad venezolana. Son $65.311 millones de facturas por cobrar, $134.081 millones de obra hecha y todavía no facturada, y $9.523 millones de reclamos por los costos que le generaron los atrasos en los pagos. En total, $208.915 millones, que al tipo de cambio del balance ($1.517 por dólar) son US$137,7 millones.

La empresa ya previsionó $85.351 millones (el 40,9%) como de cobro dudoso. Aun así, el saldo neto, US$81,5 millones, es el 18,59% de todo su activo. Descontado lo que la propia empresa da por difícil de cobrar, el crédito venezolano sigue pesando en sus cuentas.

Ese saldo no bajó en 2026. Al 31 de diciembre de 2025 eran US$137,98 millones. Nueve meses después son US$137,72 millones: 0,2% menos. Lo ya facturado, vencido e impago tampoco cambió en dólares: US$31,9 millones en diciembre y US$31,9 millones en septiembre. En dólares, la cuenta con Venezuela quedó prácticamente donde estaba, y no es una situación nueva.

Una fábrica de turbinas que ya casi no vende turbinas. En los primeros nueve meses de 2025, las obras hidroeléctricas eran el 28,5% de lo que facturaba IMPSA. En el mismo período de 2026 fueron el 7,5%. El primer lugar lo ocupan ahora las obras fotovoltaicas, con $13.210 millones (35,4% de las ventas), seguidas por las nucleares (25,2%) y las grúas (19,6%). La empresa informa que todas sus ventas del período tuvieron origen en la Argentina. Cambió lo que vende. La pregunta siguiente es si con eso gana plata.

Más ventas, y todavía a pérdida. En pesos sin ajustar por inflación, las ventas casi se duplicaron (de $19.526 a $37.368 millones). El costo de producirlas fue mayor: $50.343 millones. Por cada peso que facturó, IMPSA gastó $1,35 en producir, antes de los gastos de comercialización y de administración.

Desde ahí, la cuenta solo empeora. El resultado operativo fue una pérdida de $20.780 millones, y el impuesto a las ganancias, $24.747 millones más, la llevó a los $48.049 millones de pérdida neta.

En 2025 la cuenta había dado ganancia, de $105.252 millones en los nueve meses. Pero esa ganancia no salió del negocio: la empresa anotó una ganancia de $194.586 millones por la reestructuración de su deuda en el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de 2025, que el juzgado concursal de Mendoza homologó el 15 de mayo de 2026.

Lo que viene, también en Venezuela. La reseña informativa del balance detalla la cartera de contratos que IMPSA todavía tiene que certificar: US$588 millones. De ese total, US$417,7 millones (71%) son obras en Venezuela y US$169 millones, en la Argentina. Lo que la empresa tiene firmado para adelante también está, en su mayor parte, en Venezuela.

Entre los contratos venezolanos está Tocoma, el más grande de los que describe la empresa: unos US$1.391 millones por diez turbinas de 223 MW. Según la empresa, dos de las diez máquinas están montadas y en condiciones de entrar en operación, y el resto tiene más del 70% de fabricación. La última adenda del contrato, la sexta, se firmó en febrero de 2022 y lo extendió por 60 meses.

IMPSA fue la primera empresa con participación estatal que vendió este Gobierno, y su balance muestra qué compró el fondo estadounidense: una fábrica que factura en la Argentina obras solares, nucleares y grúas, que todavía pierde plata con cada peso que vende, y cuyo crédito más grande es una deuda venezolana que se atrasa desde 2013. La propia empresa escribe en su reseña que, desde la asunción del nuevo Gobierno nacional en diciembre de 2023, hubo «la cancelación de la casi totalidad de los contratos en marcha».

La cuenta de los próximos años depende de dos cosas que el balance no resuelve. La primera es si la empresa logra que sus ventas cubran lo que cuesta producirlas. La segunda, si Venezuela paga: aun después de las previsiones, el saldo con CORPOELEC (US$81,5 millones) equivale a unas tres veces la capitalización comprometida por el comprador, y el auditor dice que no puede saber ni cuándo ni cómo se cobrará.