La evasión es delito desde $100 millones por impuesto y por año: el piso de 2017, llevado a pesos de hoy, sería $147,6 millones

ARCA publicó hoy en el Boletín Oficial la Disposición 125/2026, que fija el trámite para que un contribuyente evite la denuncia penal, o apague un juicio ya iniciado, pagando lo que debe. Reemplaza tres disposiciones de la ex AFIP de 2018, 2021 y 2023 y adapta el procedimiento a la Ley de Inocencia Fiscal. Detrás hay una pregunta de plata que se hace cualquiera con una diferencia con el fisco: desde cuánto una deuda con ARCA deja de ser solo una deuda y pasa a ser delito.

La respuesta está en el Régimen Penal Tributario, el título IX de la Ley 27.430. La Ley 27.799, publicada el 2 de enero de 2026, sustituyó en su artículo 1° la expresión «la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000)» por «la suma de pesos cien millones ($100.000.000)». Por debajo de ese monto evadido, por cada impuesto y por cada año, la evasión simple no es delito: la deuda se reclama con intereses y multas, pero sin causa penal. Para la evasión agravada, el piso pasó de $15 millones a $1.000 millones.

Qué hay que pagar para evitar el proceso penal lo dice el nuevo artículo 16 del régimen, que escribió la misma ley y reglamenta la disposición de hoy. Si el contribuyente cancela el impuesto evadido y sus intereses antes de que ARCA haga la denuncia, ARCA no la hace. Si la denuncia ya se hizo, la acción penal se extingue pagando el impuesto, los intereses y un importe adicional equivalente al 50% de esa suma. La Disposición 125/2026 reglamenta cómo se pide y se paga ese adicional, que menciona con las mismas palabras de la ley: «un importe adicional equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%)».

Un piso que se quedó quieto ocho años. El monto de $1,5 millones lo fijó la reforma tributaria de la Ley 27.430, publicada el 29 de diciembre de 2017, y no se tocó hasta 2026. En ese lapso, el índice de precios al consumidor del INDEC pasó de 124,8 a 10.121,4 puntos: se multiplicó por 81,1. La Ley 27.799 multiplicó el piso por 66,7. Si el piso de 2017 se hubiera actualizado por inflación, en diciembre de 2025 habría sido de $121,7 millones; con el índice de agosto de 2026, $147,6 millones.

El año que el piso casi desapareció. Como el monto no se actualizaba, la inflación lo fue achicando. En diciembre de 2023 los $1,5 millones de 2017 equivalían a $5,2 millones de hoy, y en diciembre de 2025, el último mes antes de la ley nueva, a $1,8 millones: 1,2 de cada $100 del valor original. Visto desde ahí, la Ley 27.799 es una suba enorme. Visto desde 2017, el piso quedó por debajo del que se había fijado entonces: en diciembre de 2025, cuando se sancionó, ya era 17,8% más bajo que el de 2017 actualizado ($121,7 millones), y con la inflación de 2026 la distancia llegó a 32% en agosto.

Y en 2026 vuelve a correr. La ley no actualiza los montos durante este año. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 el IPC subió 21,3%: los $100 millones de enero ya valen $82,4 millones en pesos de diciembre. El artículo 43 de la Ley 27.799 prevé que desde el 1° de enero de 2027 los montos se ajusten una vez por año por la variación anual de la UVA, la unidad del Banco Central que sigue a la inflación.

El piso define quién se juega una causa penal y quién solo una deuda con intereses. Con $1,5 millones de 2017 congelados, a fines de 2025 alcanzaba una diferencia de $1,8 millones de hoy en un año para quedar dentro del Código Penal. Con $100 millones, ese umbral volvió a un orden de magnitud parecido al de 2017, pero no al mismo nivel: en pesos de agosto, quedó $47,6 millones por debajo.

El otro cambio es el precio de la salida. Pagar antes de la denuncia cuesta el impuesto más los intereses; pagar después, la mitad más. Es un incentivo explícito a regularizar temprano, y la disposición de hoy es la que dice cómo se pide.